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Plan Nacional de Desarrollo y Servicios Públicos
El plan nacional de desarrollo del gobierno Santos, aparte de la mordacidad implícita en su nombre, “Prosperidad para Todos”, contiene unas reformas que profundizan las políticas de apertura y privatización implementadas hace 20 años por el imperio y por la pequeña minoría que lo ha sostenido y hoy se amanguala en la “Unidad Nacional”. Con nuevas y refinadas formas, continúan oponiéndose al progreso y al bienestar del pueblo y la nación.
Las locomotoras que, según el plan, son las propulsoras del desarrollo nacional, realmente están atadas a la inversión extranjera que será compensada generosamente. Arguyendo que la prosperidad de trabajadores, capas medias y productores nacionales, depende de la presencia de los monopolios extranjeros, prorrogan la entrega de los recursos naturales, el trabajo y la
producción de los colombianos a los capos del “libre comercio”.
Las reformas propuestas en materia tributaria, arancelaria, agraria y ambiental, para sólo señalar algunas de las que aprobarán en la ley del Plan, facilitan la concentración de los negocios en pocas manos y empobrecen a millones de compatriotas. Son la continuación de las leyes y decretos, ordinarios o de emergencia invernal, que promueven modificaciones como la realizada para eliminar el pago de la sobretasa en la energía por parte de los monopolios nacionales y extranjeros, buscando aumentar las tarifas del servicio para los usuarios residenciales y para los comerciales e industriales no regulados, al tiempo que engordan las utilidades del gran capital.
Advirtamos sobre el contenido reaccionario de algunas de las reformas propuestas en el Plan, porque todas no se alcanzan a detallar en este espacio.
En el artículo 16 nos notifican que continuarán los planes departamentales de agua, insisten en “la implementación efectiva de esquemas de regionalización”, que significa que “cuando las características técnicas y económicas de los servicios de agua potable y saneamiento básico lo requieran, la Nación podrá implementar esquemas regionales eficientes y sostenibles para la prestación de estos servicios a través de áreas de servicio exclusivo o de otras figuras, en el marco de la estructura financiera de los PDA”. Las Áreas de Servicio Exclusivo, ASE, son concesiones regionales que buscan concentrar usuarios, economías de escala y rentabilidad para garantizar buenos negocios. Las “otras figuras”, en el marco de la estructura financiera de los PDA, lo que persiguen es el manejo empresarial sea privado o comunitario. En el fondo, lo que se busca son esquemas privatizadores, con fórmulas tarifarias de la CRA.
Para apalancar “el pago de pasivos laborales generados por las personas prestadoras de los servicios públicos liquidadas y/o transformadas, en el marco de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento -PDA-“ destinan, de manera exclusiva, los recursos de la deuda de los municipios y las empresas públicas que recauda la Findeter.
Más de lo mismo que promovió el gobierno anterior. En el artículo 17 se señala que “Las obras de infraestructura del sector de agua potable y saneamiento básico financiadas con recursos de las Corporaciones Autónomas Regionales, podrán ser entregadas como aportes a municipios o a Empresas de Servicios Públicos” siempre y cuando “su valor no se incluya en el cálculo de las tarifas que hayan de cobrarse a los usuarios de los estratos que pueden recibir subsidios”. Lo que se propone es regalar las obras de infraestructura que, por miles de millones de pesos, han construido las CAR. Que se transfieran a los municipios, vaya y venga, pero que se den a empresas mixtas o privadas, independiente de la condición puesta, es decir, que no incluyan su valor en el cálculo de las tarifas, es inaceptable.
Y para que no quede duda del obsequio, el mismo artículo precisa que: “en ningún caso la entrega de aportes bajo condición… se constituye como detrimento patrimonial. Y, “las Corporaciones Autónomas Regionales, no podrán exigir contraprestaciones por la entrega de las obras de las que trata este artículo”. Ya no se vende a menos precio, ahora se regala el patrimonio de las CAR.
Otra cuestión contemplada en el plan de desarrollo y de grave incidencia para la vida económica de los usuarios es la relacionada con el Impuesto Predial Unificado (Art. 18 y 19) en el cual se presentarán escandalosas alzas.
Debe explicarse además que, así como se eliminó el cobro de contribución a los grandes monopolios en el servicio de energía eléctrica, el plan dispone se haga lo mismo en el servicio de gas domiciliario (Art. 59). Aquí también habrá nuevas alzas.
Y, finalmente, el Fondo de Energía Social reducirá los subsidios que hoy tiene la población más pobre hasta eliminarlos por completo. Según el artículo 60, “en 2011 subsidiará hasta cuarenta y seis pesos ($46) por kilovatio hora, en 2012 hasta treinta y cinco pesos ($35) por kilovatio hora y en 2013 hasta veinticinco pesos ($25) por kilovatio hora del valor de la energía eléctrica destinada al consumo de los usuarios ubicados en zonas de difícil gestión, áreas rurales de menor desarrollo y barrios subnormales”.
En el parágrafo 3 del mismo artículo (60) señala que “este Fondo estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2013”. Más alzas para los más pobres.
Problemas de espacio no permiten concluir el inventario de medidas que aplicarán contra los usuarios. Estamos comprometidos a ilustrar a los afectados en diversos escenarios y por varios medios. Esperamos que el primero sea una audiencia en el Senado. Las ligas y la unión de usuarios promoverán la lucha contra las políticas neoliberales y las “reformas” que, para apalancar dichas políticas, contempla la “Prosperidad para Todos”. Sin duda, el plan de Santos es peor que el que aplicó Uribe. Por tanto, la movilización social tiene que ser mayor.
