por Las andanzas del Incoder en Caldas*
Hace unas pocas semanas, campesinos desplazados por la violencia, provenientes de Caldas y otras regiones del país, me invitaron a una reunión para contarme la situación que estaban atravesando, solicitarme los acompañara en el reclamo que tenían, y contará a la opinión pública, a los organismos de control y a quienes considerará los pudieran ayudar, la realidad que están viviendo.
Alrededor de un tinto relataron su historia y me entregaron una serie de documentos de los cuáles puede concluirse lo siguiente:
Mediante la escritura pública No 1966 del 14 de noviembre del año 2006, debidamente inscrita en el folio de Matrícula Inmobiliaria No 103-23141 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Anserma, Caldas, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural Incoder adquirió -en negociación directa- del señor Hernán de Jesús Loaiza Acevedo, un predio rural englobado en dicha escritura. El Incoder obtiene el inmueble con el objeto de entregarlo a familias desplazadas por la violencia, provenientes de distintas zonas del país.
El predio, según la misma escritura, estaba avaluado en el catastro en 500 millones 137 mil pesos y el Incoder, después de avalúos realizados por la Lonja Colombiana de Propiedad Raíz, pagó mil 150 millones de pesos.
El señor Hernán de Jesús Loaiza Acevedo, mediante la escritura 4204 del 20 de octubre de 2006, otorgada en la notaria Quinta de Pereira, Risaralda, y registrada el 24 del mismo mes y año -es decir un mes antes de vendérsela al Incoder- adquirió el predio por compra realizada a los señores Santiago Giraldo García, Germán Mejía Gutiérrez y José Guillermo Camacho Valbuena por 250 millones de pesos. Es decir, el Incoder pagó cuatro veces y media más
El Incoder, seccional Antioquia, así como los técnicos de la seccional Manizales, aceptaron los avalúos de la Lonja Colombiana de Propiedad Raíz, según consta en la misma escritura.
La finca, una vez adquirida por el Incoder, se adjudicó a 34 familias de desplazados de las cuales, al referido predio, sólo llegaron 11. Las restantes nunca hicieron presencia en el sector. Debe anotarse que inicialmente el predio se compró para entregarlo a 64 familias pero, por la cantidad y la calidad de las hectáreas necesarias para conformar una Unidad Agrícola Familiar UAF, el Incoder resolvió que sólo serían 34.
A los pocos días de haberse instalado las 11 familias en el predio, seis decidieron irse y 11 familias de la vereda aledaña -que no disponen de tierra y que la necesitan para trabajarla- procedieron a hacer una ocupación quieta y pacífica. De esa situación hace ya 40 meses.
Lo extraño es que habiéndose comprado el predio para desplazados, se presentó una acción de tutela (No 878 de 2009 según acta del Incoder de Caldas) que falló que el predio comprado por el Incoder no era apto para desarrollar proyectos productivos de acuerdo con las normas de adjudicación de tierras. Y, como consecuencia del fallo, el Incoder decidió que tenían que salir del predio, no solo quienes lo trabajan de hecho y por necesidad, sino los desplazados que son los adjudicatarios originales. Por los días en que me invitaron a conversar con ellos, ya habían hecho presencia las autoridades, entre ellas la policía, para notificarles que tenían que desalojar el predio.
Quienes han venido trabajando esas tierras tienen cultivos semipermanentes de cacao, frutales y caña panelera, además de maíz, fríjol y otros cultivos de pan coger. Han hecho, en medio de las dificultades, significativas inversiones y, con un gran esfuerzo, han logrado construir unas viviendas en las que habitan con sus mujeres e hijos a los que luchan por educar en la escuela de la vereda.
Ante la negativa a salirse del predio, el Incoder interpuso una acción ante la alcaldía y el juzgado de Anserma para que los desalojen y, aunque ellos lograron pararla mediante una acción de tutela que interpusieron, es claro que antes que dejarlos trabajar en esa tierra, lo que quieren es sacarlos.
¿Será posible que quienes tienen que tomar las decisiones en este espinoso asunto dejen que esos campesinos desplazados por la violencia trabajen y vivan en paz en esos terrenos?
¿Será posible que en lugar de perseguir a los que no son desplazados, les den facilidades para que trabajen la tierra y para que accedan a ella?
¿Será que esta situación que se presenta en el predio San Mateo en Anserma, Caldas, hace parte de un carrusel de negocios con las platas de los desplazados de la violencia que atraviesa a toda colombia?
Artículo de Oscar Gutiérrez Reyes
Manizales Junio 14 de 2011
