Miles de voces exigimos la protección del agua páramo de Santurbán

Señores:

JUAN GABRIEL URIBE

Ministro de Ambiente

FEDERICO RENJIFO VÉLEZ

Ministro de Minas y Energía

Señoras:

LUZ HELENA SARMIENTO VILLAMIZAR

Directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA

MARÍA CONSTANZA GARCÍA BOTERO

Presidenta de la Agencia Nacional de Minería

República de Colombia

Respetados señores y señoras:

Los colombianos y las colombianas estamos alarmados ante los conflictos que la política minero-energética está generando a lo largo y ancho del territorio nacional, especialmente en relación con las aguas para el consumo humano, la agricultura y el disfrute y bienestar colectivos.

Muchas han sido las manifestaciones en este sentido de parte de organizaciones sociales, campesinas, indígenas, afrocolombianas, de sectores académicos, culturales, políticos e incluso instituciones del Estado como la Contraloría, la Defensoría y la Procuraduría, que demuestran la preocupación compartida por las consecuencias del extractivismo sobre los páramos, las cuencas abastecedoras de agua, las zonas de recarga de acuíferos y los territorios estratégicos para el ciclo hídrico, todo lo cual representa un riesgo inminente para el bienestar de los colombianos y las colombianas.

Este sentir nacional ha sido especialmente visible en relación con el páramo de Santurbán, cuyos defensores hoy movilizamos nuevamente al país en la marcha de las 100.000 voces por agua y que justamente quiere hacer que se escuchen voces como la del páramo de Pisba y el lago de Tota (Boyacá), el río Ranchería (La Guajira), la región de Cajamarca (Tolima), el río Tunjuelo y el páramo de Sumapaz (Bogotá) y el movimiento de afectados por las represas El Quimbo (Huila), Hidrosogamoso (Santander) e Hidroituango (Antioquia).

Consideramos que el reclamo nacional de protección de las aguas no ha sido escuchado ni atendido adecuadamente sino que, por el contrario,las acciones del gobierno en relación con este elemento vital han sido desarticuladas, parciales y que acaban por tener únicamente efectos mediáticos, sin siquiera acercarse a la protección efectiva de nuestros territorios de agua.

Ese es el caso de la declaración del Parque Natural Regional de Santurbán, que cubre apenas el 18% del páramo y no incluye las zonas de sub-páramo, bosque altoandino, sistema lagunar, turberas ni acuíferos. Así, el PNR Santurbán no es más que un saludo a la bandera que, en lugar de servir para proteger el líquido vital de más de 2,5 millones de personas en Santander y Norte de Santander, hoy le sirve de argumento a las empresas para validar la situación ilegal en la que se encuentran, que se ufanan de que sus títulos están por fuera de esa nueva zona de protección, para quitarle peso al hecho de que, dentro o fuera del Parque, siguen estando en zona de páramo, territorio donde no está permitido realizar actividades mineras en ninguna de sus etapas o fases.

Algo similar ocurre con el páramo y Parque Natural Nacional de Pisba, que desde hace al menos 12 años sufre el embate de la minería ilegal y legal. A pesar de la normativa que protege los páramos (como la Constitución, la Ley 99 de 1993, la Convención de Diversidad Biológica, la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático, la Convención de Ramsar, la Ley 1382, entre otras) empresas y personas particulares siguen explotando sin medida la montaña, incluso amparándose en licencias ambientales que inexplicablemente otorgaron las autoridades. Hoy las comunidades están en movilización permanente, para impedir la entrada de la maquinaria de propiedad de las empresas que están arrasando con el Parque Natural.

Por lo tanto demandamos de ustedes, como cabeza de los sectores de ambiente y minas, que tomen medidas definitivas frente a las irregularidades, los impactos y los conflictos que está generando las actividades extractivas en Colombia y por tanto les pedimos que:

· Ordenen la suspensión inmediata de todas las actividades de exploración y explotación minera en los páramos, superando la falsa idea de que la protección de estos territorios depende del Código de Minas (a través de la Ley 1382 de 2010) y se hagan valer la Constitución Nacional, la Ley 99 de 1993 y las Convenciones ratificadas por Colombia en la materia (la de Diversidad Biológica, la de Cambio Climático y la de Ramsar).

· Revoquen todos los títulos mineros y licencias ambientales que se sobrepongan con zonas protegidas y páramos, por ser violatorios del derecho colectivo a un medio ambiente sano, además de la mencionada normativa.

· Se investigue y haga responsables a los funcionarios que entregaron títulos y licencias de manera irregular, especialmente aquellas que se sobreponen con páramos y áreas protegidas.

· Que de ninguna manera se siga reduciendo la salvaguardia del agua a la creación de figuras de protección que no comprenden las dinámicas complejas de los territorios, terminan por mutilar su integralidad y siguen alimentando los conflictos socioambientales relacionados con megaproyectos minero-energéticos.

Exigimos que se escuchen las voces que defienden el patrimonio hídrico de toda la población colombiana y que se protejan efectivamente los páramos, las cuencas abastecedoras de agua, las zonas de recarga de acuíferos, las altas montañas y los territorios estratégicos para el ciclo del agua.

Atentamente,

Para adherirse a esta carta complete el formulario que aparece aquí: https://docs.google.com/forms/d/1L5cg0nz6yNUqBTf7yYokMEqWx0faW3nHRt-aPf4XgEE/viewform