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Los usuarios de los servicios públicos podemos unirnos y para ello la red de defensores del ambiente y del agua es una oportunidad. Temas que hemos venido tratando como el del Río Bogotá se enfoca ahora desde el control social y el proceso de comunicación comunitaria y alternativa.
Hasta el más desprevenido sabe que el rio Bogotá está contaminado, muchas personas se refieren como la cloaca principal de Cundinamarca, poco importa el olor que despide, por falta de oxígeno, ni el hecho de que muchos de los productos agropecuarios que consumimos están regados con estas aguas putrefactas, generando enfermedades en la población, especialmente en niños.
Desde 1962, por varias décadas, se han realizado muchos estudios, a tal punto que alguien dijo: “la principal contaminación es la gran cantidad de estudios” y se han realizado obras de recuperación. En ambas cosas se ha gastado mucho dinero, incluso con cargo a empréstitos del Banco Mundial – BM, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento – BIRF, Banco Interamericano de Desarrollo – BID, pero hasta el momento el río sigue igual de deteriorado. Hasta ahora la beneficiada ha sido la multinacional EMGESA. Codensa. http://bit.ly/12CAJ38 y el capital financiero.
Por ejemplo, un estudio contratado con el FONADE en 1992 determinó que se debían construir tres Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en Salitre, Fucha y Tunjuelo, de forma sucesiva, a fin de tratar las aguas conducidas por el sistema de alcantarillado de la ciudad. Incorporando en una primera etapa un tratamiento primario, químicamente asistido y remociones de 40% de Demanda Biológica de Oxigeno 5 (DBO5) y 60% de sólidos suspendidos totales y en una segunda etapa uno secundario, desinfección del agua tratada y uso de la misma para riego agrícola en la zona de la Sabana Occidente. A comienzos de los noventa La Alcaldía Mayor de Bogotá contrató con el consorcio francés Lyonnaise des Eaux – Degremont, la construcción de dichas PTAR.
Después de esto, la administración del entonces Alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa no estuvo de acuerdo con esta alternativa y luego el ex-alcalde Antanas Mockus, al finalizar su segundo mandato dio por terminado este contrato, teniéndose que “pagar a la compañía francesa la cantidad de once millones de dólares, a título de indemnización más las ganancias que le hubieran correspondido en veinticuatro años de ejecución del contrato”.(1) Rafael Colmenares www.razonpublica.com
En sustitución de lo anterior se diseñó nuevo programa, denominado “Plan de Saneamiento del Río Bogotá” consistente en la ampliación de la PTAR Salitre, la construcción de la PTAR Canoas pocos kilómetros antes del Salto del Tequendama y la construcción de varios interceptores para conducir las aguas residuales a una u otra planta.
Este programa se encuentra en un limbo pues a raíz de que “Un grupo de ciudadanos interpuso varias acciones populares en contra de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá (EEEB) y otras entidades del Estado, en procura de que se profirieran órdenes tendientes a lograr la descontaminación del embalse del Muña, del río Bogotá y de sus afluentes”. Además, “Los procesos fueron acumulados en el expediente AP 01-479, cuyo conocimiento correspondió a la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca”. Por otro lado, “El 25 de agosto del 2004, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con ponencia de la magistrada Nelly Yolanda Villamizar de Peñaranda, profirió una importante sentencia de primera instancia” http://bit.ly/12CAPYh
La cual fue “un fallo de acción popular que cuestiona la eficiencia de las autoridades ambientales y replantea la política de protección de los recursos naturales, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca responsabilizó por omisión al Estado Colombiano de la catástrofe ecológica del río Bogotá, sus quebradas y afluentes”. http://bit.ly/WcpXeP
Como contra este fallo hubo barias apelaciones, ya va más de una década sin que se pueda tomar finalmente la decisión de donde construir la mejor opción que sirva al rio Bogotá y no perjudique a los usuarios. En la actualidad estamos a la expectativa del fallo de segunda instancia, pues el 22 de febrero se cerró los términos de alegato de conclusiones.
Hoy todavía el rio magdalena sigue recibiendo las aguas podridas del rio Bogotá y la demora en construir la principal planta de tratamiento en carboneras o en canoas se debe que hay un pulso entre intereses particulares versus la comunidad, por un lado los intereses de EMGESA y por el otro los interese de la población, el gobierno central está presionando, Documento COMPES 3631 donde respalda la construcción de la PTAR canoas en Soacha y su estación elevadora, esto a todas vista beneficia los intereses de la empresa generadora de energía, pues ahí es necesario construir una estación que suba el agua contaminada ala PTAR, y esto incrementa, según expertos, las tarifas del agua en 6.4% durante 20 años.
Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Martha Cañon la reportera promotora de la red de defensores ambientales y del agua:
Usted ha estado trabajando durante años en defensa del control social de los servicios públicos. Cuales considera son los aportes que pueden brindar las organizaciones ambientales y comunidad que trabaja alrededor de los recursos naturales.
La Ley 142 de 1994, ordenó la creación de los “comités de desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios”, en donde el propósito de ellos es organizar la participación comunitaria en la vigilancia de la gestión y en la fiscalización de las entidades que prestan servicios públicos domiciliarios (acueducto y alcantarillado, energía, gas, aseo), donde se conformará un número plural de usuarios organizados; estos comités serán representados por los vocales de control, que a su vez tienen una resolución de aceptación y reconocimiento por las alcaldías del municipio correspondiente; para el caso de Bogotá, esta resolución les permite ser garantes de representatividad en varios espacios, por ejemplo el hecho de la corporación avocar: esta organización es creada por 30 comités de desarrollo del cual sus vocales de control, que tienen resolución serán los facultados para ocupar los espacios participativos, como por ejemplo: ser parte de la junta directiva del acueducto, ser parte de CTPD, entre otros; que les permite la participación ciudadana con desición
En Bogotá existen aproximadamente 170 comités de desarrollo, tal es el caso que existen en la mayoría de las localidades, por tal razón esta figura de los usuarios organizados permite gran afluencia de personas que quisieran aportar a los procesos del control social desde la red ambiental; los aportes de estos comités de desarrollo y sus vocales de control a la red de defensores ambientales y del agua, serán:
Proponer programas y proyectos para mejorar y aportar el bienestar a la comunidad.
Participar activamente en las reuniones que convoque la red y comunidad de su sector o localidad
Capacitarse en el tema de los servicios públicos, y conocimiento de la red socio-ambiental
Impulsar procesos de cambio y cultura ambiental, como uso racional de los servicios públicos, el reciclaje, organización social y prevención ambiental.
Sensibilizar la comunidad para incentivar su participación dentro de la red ambiental
Y, este aspecto es trascendental, en el entendido que los comités de desarrollo, por sus facultades, ejercen valer sus derechos mediante las acciones judiciales, cuando surgen problemas en la prestación de servicios o inconvenientes dentro de las organizaciones sociales y comunidades.
De qué manera la red puede contribuir en el fortalecimiento de los comités cigarra, y permitir la aproximación de la comunidad los mismos
La red distrital de defensores ambientales será el eje desde el aspecto de las comunicaciones para promover, visibilizar, difundir, divulgar las actividades de los comités cigarra, además por su estructura permitirá facilitar y aportar capital social dentro de los procesos y convocatorias que se realicen
Usted propone que para fortalecer desde lo socio-ambiental, los proyectos sobre gobernanza del agua, y comités cigarra hace falta un órgano de dirección y orientación (no de decisión, pues quienes deciden son las comunidades), que oriente los procesos y actividades y que este puede ser el comité distrital para la gobernanza del agua. Porque es viable.
El comité distrital para la gobernanza del agua que se propone, deberá ser de carácter social, participativo, donde se fortalezcan actividades (sociales) propias de las comunidades organizadas, donde se proponen la defensa de la cultura ambiental, el patrimonio natural y demás acciones que permitan el equilibrio entre hombre – naturaleza.
En entrevista realizada a tres funcionarios distritales del IDPAC, ellos justifican que realizar un comité distrital para la gobernanza del agua es “responsabilidad de la secretaría distrital del medio ambiente, cuyo objeto es manejar aspectos técnicos y no sociales”, al parecer hay un equívoco en el sentido que este comité se propone es con el propósito de avanzar en la nueva generación de capital socio-ambiental alrededor de la gobernanza del agua, en cuya responsabilidad está dada y es garante del proyecto el IDPAC, por su enfoque social; vale la pena retomar la experiencia del referendo en defensa del agua, pues este proyecto tenía dentro de su contexto organizativo, el trabajo con las comunidades, organizaciones ambientales, sociales, rurales y demás; y aunque era importante el aspecto jurídico, técnico, científico; siempre el aspecto más importante fue la organización y fortalecimiento de las comunidades, tal es el caso que actualmente, existen los movimientos de defensores de los servicios públicos domiciliarios y el movimiento de defensores del agua y la vida; además de estos procesos sociales han surgido otros como los movimientos de acueductos comunitarios y / o la lucha contra la minería en Colombia (la colosa, el cerrejón, otras).
Finalmente los invitamos a afiliarse a www.redesbogota.com.
