por En una ciudad con más de ocho millones de habitantes, donde los retos ambientales se hacen cada vez más urgentes y palpables, los avances hacia un modelo de desarrollo más sostenible no solo son necesarios: son esperados con esperanza por la ciudadanía. Así lo demuestra el reciente anuncio de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), que inauguró su primer sistema de energía fotovoltaica a gran escala, un paso significativo en la transición energética de la capital.
Este sistema, compuesto por 1.600 paneles solares instalados en la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) El Dorado, no solo representa una innovación técnica, sino una respuesta concreta a las exigencias sociales por una Bogotá más limpia, más justa y más resiliente ante la crisis climática. Ubicada en la vereda El Uval, en la localidad de Usme, esta planta es la tercera más grande de la ciudad y la principal del sistema sur de abastecimiento de agua potable.
¿Qué significa este proyecto para la ciudadanía?
Desde la óptica ciudadana, los beneficios son múltiples. En primer lugar, garantiza mayor seguridad en el acceso al agua potable, ya que en caso de un fallo energético masivo, la planta podrá seguir operando gracias a la energía solar. Esto es crucial para una localidad como Usme, que alberga a más de 415.000 personas, muchas de ellas en condiciones de vulnerabilidad social.
Además, se trata de un avance en la autonomía energética de los servicios públicos. Hasta ahora, la operación de las plantas de tratamiento de agua dependía totalmente de la red eléctrica convencional, cuya generación sigue estando basada, en gran parte, en combustibles fósiles. El uso de energía solar contribuye a disminuir esa dependencia, mientras reduce la presión sobre el medioambiente.
¿Por qué es relevante para el futuro de Bogotá?
La ciudadanía bogotana ha sido testigo del deterioro ambiental de la ciudad: el aumento de las emisiones contaminantes, los riesgos por escasez de agua debido al cambio climático, la pérdida de ecosistemas estratégicos como los páramos, y el crecimiento urbano desordenado. En ese contexto, este tipo de iniciativas apuntan en la dirección correcta.
Según la EAAB, el sistema fotovoltaico instalado tendrá una capacidad de generación de 850 kilovatios, y se estima que permitirá mitigar la emisión de cerca de 1.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2) al año. Este dato no es menor: equivale a sacar de circulación aproximadamente 250 vehículos que recorren diariamente Bogotá.
Una inversión para el bien común
El proyecto tuvo una inversión aproximada de 6.750 millones de pesos y se desarrolló durante 15 meses. Más allá de los costos, lo que resalta es el impacto a largo plazo: una ciudad que invierte en energías limpias está apostando por el futuro de sus habitantes. Además, se trata de una medida que no afecta la tarifa del servicio de agua, lo cual es una buena noticia para los usuarios residenciales y pequeños comerciantes.
Natasha Avendaño, gerente general de la EAAB, señaló que esta obra “es una prueba del compromiso de la empresa con la sostenibilidad ambiental y con el derecho fundamental al agua potable”. Agregó que no solo se reducirán costos de operación, sino que se fortalecerá la resiliencia del sistema de acueducto.
¿Y qué sigue?
Desde la perspectiva de las comunidades organizadas, este no debería ser un caso aislado. Por eso, la EAAB anunció que se proyecta replicar este modelo en otras plantas de gran consumo energético, como Tibitoc, Wiesner y Salitre, lo cual multiplicaría el impacto positivo de la transición energética en los servicios públicos de la ciudad.
Esta hoja de ruta representa una oportunidad para que la ciudadanía exija y acompañe políticas públicas coherentes con los desafíos ambientales, y también para que los gobiernos locales promuevan modelos de sostenibilidad con enfoque territorial. Usme, históricamente marginada en términos de inversión pública, se convierte así en un punto de partida simbólico y real hacia una Bogotá más equitativa.
Voces desde el territorio
Organizaciones comunitarias y líderes sociales han recibido con optimismo la noticia. “Esto nos da tranquilidad, porque el agua es un derecho básico y ahora sabemos que hay una protección adicional para garantizarla. Ojalá se implementen más proyectos de este tipo”, comentó Sandra Ramírez, integrante de una asociación ambiental de Usme.
Por su parte, estudiantes de colegios locales participaron en recorridos pedagógicos para conocer la tecnología de los paneles solares, despertando así conciencia desde edades tempranas sobre la importancia de cuidar el agua y usar energías limpias.
Un ejemplo para replicar
La experiencia de la PTAP El Dorado puede convertirse en un referente para otras ciudades del país. En tiempos donde el cambio climático amenaza con intensificar las sequías y las emergencias ambientales, cada decisión institucional que privilegie la sostenibilidad es también una medida de justicia social.
Porque cuidar el agua, producir energía limpia y disminuir la contaminación no es solo responsabilidad de las autoridades: es un asunto de corresponsabilidad ciudadana, y este tipo de proyectos muestran que sí es posible avanzar cuando se conjugan voluntad política, tecnología y conciencia ambiental.
