por Distrito aún no define qué hará para organizar la carrera 7.ª cuando las obras estén listas.
Cuando el alcalde Gustavo Petro habló de las obras que el Distrito iniciará este lunes en el tramo de la carrera 7.ª peatonalizada, algunos respiraron aliviados con la esperanza de ver un cambio en la emblemática vía, en la que hoy reina el desorden.
Pero cuando les pidió a los pequeños comerciantes que se quedaran y que no se dejaran sacar, comenzaron los interrogantes y la polémica, pues no aclaró si entre ellos incluía o no a los vendedores ambulantes que pululan en la avenida a toda hora.
“No se vayan, porque los poderosos se adueñarán de las obras públicas. Si se dejan sacar de la 7.ª, en tres años verán que se habrá perdido el mayor centro de negocios y actividad comercial de Bogotá, así que el consejo que les doy es que no se vayan. Organicémonos”, dijo esta semana durante una rueda de prensa, en la que también participaron miembros de la comunidad.
“Bogotá Humana no quiere expulsar a la población tradicional del centro de la ciudad: ni a comerciantes, ni a vendedores, ni a transeúntes, ni a estudiantes”, agregó.
Así, se encendieron las alarmas de los ciudadanos ante el mercado de pulgas en el que se convirtió esta arteria: antes se ubicaban solo en los andenes, pero ahora están en la vía y en los andenes. Pese a los anuncios sobre los planes para organizarlos, no ha habido autoridad que controle su proliferación.
“Solo deben quedarse si se les designa una ubicación y una organización en el espacio público. Si van a invadir y obstaculizar el paso, ¡no!”, trinó @ypaoquint. Como ella, opinó @soufrito, para quien “deben estar censados y organizados en quioscos. Si son de alimentos, que sean de calidad y cumplan con condiciones higiénicas”.
Un problema estructural
En el sector peatonalizado de la carrera 7.ª, entre las calles 10.ª y 26, hay 157 vendedores informales censados por el Instituto para la Economía Social (Ipes), y 103 de ellos firmaron un acuerdo con el Distrito para organizarse.
Este es el panorama: al llegar ahí, los transeúntes sienten el olor fuerte de las frituras, el orín y la basura y se encuentran con un rosario de ambulantes, algunos con música a todo volumen y mercancías desperdigadas por todo el piso. Hay desde baratijas usadas, revistas viejas y frutas frescas, hasta ropa, música pirateada y artículos para el hogar.
También están los emboladores, los voceadores, los artistas y los vendedores de lotería, pero ellos están protegidos por la Corte Constitucional, por tratarse de oficios tradicionales.
Según Felipe Cárdenas, investigador de la Universidad de La Sabana, es un asunto complejo. “De un lado, los comerciantes formales que pagan impuestos buscan que el ambiente de informalidad no les quite ni les espante los clientes. Del otro, este grupo social depende del espacio público y hace un trabajo marginal sin seguridad social; incluso, muchas veces tiene un pasado rural de desempleo y violencia”, dijo.
Cárdenas agregó que no puede abordarse solo desde el frente policivo, “pues es un problema de raíces tan estructurales que pueden sacarlos a la fuerza sin resolver el conflicto social”.
Fuentes del Ipes señalaron que “se les ha dado acompañamiento en el fortalecimiento de su idea de negocio y a algunos se les dio crédito, pero es decisión del vendedor aceptar o no la alternativa que les ofrecemos”.
Así serán las obras de urbanismo para la alameda
Este lunes se iniciarán las obras de la fase uno de la peatonalización de la carrera 7.ª para nivelar el asfalto con los andenes y facilitar el paso de las 130.000 personas que hacen uso de la vía al mediodía, entre semana.
En esta primera etapa solo se intervendrá el tramo que va desde la calle 10.ª (en la Plaza de Bolívar) hasta la 13 (avenida Jiménez). La intervención costará 10.357 millones de pesos, que ascienden a 11.183 millones de pesos si se suma la interventoría.
Durante la intervención, que durará 6 meses, se ampliará el andén del costado oriental en 50 centímetros y se le adecuará un jardín que, al tiempo, es un sistema de drenaje bioamigable.
Pese a que se trata de una obra para peatones, se hará una ciclorruta de 2,40 metros de ancho y un carril de 4 metros de asfalto exclusivo para vehículos de emergencia.
Con esto se garantiza el espacio para un futuro tranvía, si el Distrito logra concretar una alianza público-privada para construirlo.
Uno de los principales problemas desde la peatonalización de la 7.ª no lo resuelve la obra: la inseguridad, que afecta tanto a comerciantes como a transeúntes.
Sobre esto, Petro criticó a la Policía Metropolitana durante un cabildo ciudadano. “Que la Policía nos abandonó la carrera 7.ª, pues presionemos para que vuelva. El acuerdo era tener un policía por cuadra; nuestro compromiso eran las cámaras”, dijo.
El Tiempo.
